En Cataluña viven casi 6.000 personas que, cada noche, no tienen una cama donde dormir. Si se tienen en cuenta los que se alojan temporalmente en hostales, en viviendas precarias o en centros públicos de acogida, el número supera las 10.000. Pero la emergencia es aún mayor: más de 59.000 personas viven en viviendas precarias, en muchos casos en lugares insalubres, bajo amenaza de desahucio o en contextos de violencia doméstica. Es el dramático panorama que dibuja el último informe del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, de 2022.
Ante tal emergencia, el parlamento catalán, a propuesta de la Comunidad de Sant’Egidio y de otras entidades – Cáritas, Fundació Arrels, Sant Joan de Déu Serveis Socials y Assís y en colaboración con expertos de las universidades UB y UAB– ha abierto el debate parlamentario sobre la propuesta de ley para garantizar los derechos fundamentales de las personas sin casa y hacer frente de manera estructural a la exclusión habitativa.
La ley, que se gestó hace tres años y es única en el contexto europeo, tuvo que esperar que finalizara la anterior legislatura para reanudar su camino, y actualmente se presenta con un plan concreto y una inversión prevista de 350 millones de euros para cinco años. El objetivo es ambicioso: garantizar, en un plazo de cinco años, que 18.000 personas tengan acceso a una vivienda digna, alimentos, atención sanitaria y prestaciones esenciales, como la renta mínima vital o la renta garantizada de ciudadanía.
La Comunidad de Sant’Egidio, que hace años que acompaña a quienes viven en la calle, es impulsora de esta acción, y hoy recibe con alegría y esperanza la noticia de este importante avance, que abre la posibilidad de que las personas extremamente frágiles y vulnerables tengan mejores condiciones de vida.
